El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, acompañado por la ministra de Interior, Carolina Tohá; y el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero, anunciaron una indicación sustitutiva al Proyecto de Ley que Crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas que hoy se encuentra en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El nuevo Servicio contará con 16 Direcciones regionales, que tendrán atribuciones para gestionar en el nivel territorial algunas atribuciones propias, sin perjuicio de la delegación de facultades que fortalezca aún más su rol.
Entre los mejoramientos que se destacan de la nueva institucionalidad se cuenta el carácter de organismo descentralizado y desconcentrado, que entregará asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos (atención de niños, niñas y adolescentes; asesoría a adultos mayores; asesoría en materia de discriminación y migrantes); impulsará la solución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación; y reforzará la atención integral a víctimas de delitos, en particular los delitos violentos, lo que se constituirá en un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.
En este contexto, el Presidente Gabriel Boric señaló que “Presentamos el proyecto, ahora tenemos que materializarlo y crear esta nueva institucionalidad que va a mejorar la atención y la defensa de las víctimas de la delincuencia en Chile. Con esto se permite el acceso a la justicia de manera integral, con apoyo psicológico, con apoyo social y legal para quienes lo necesiten”.
Así mismo, la ministra Tohá agregó que: “El proyecto que presentamos hoy, es el último que nos faltaba por ingresar al Parlamento. Con esto, el Ejecutivo ha cumplido con todos los ingresos y con todas las indicaciones que había comprometido en esta agenda y este proyecto, que es uno de los 31. Pero es uno demasiado esencial, lo que hace es generar mejores condiciones para que las víctimas se sientan integralmente apoyadas en la experiencia dramática difícil que les toca vivir.”
El ministro de Hacienda, Mario Marcel destacó que “el Gobierno ha cumplido con su compromiso de enviar a tramitación los 31 proyectos acordados en la Agenda Priorizada de Seguridad y esperamos que el Congreso las discuta y apruebe de manera que podamos contar con los recursos para que los servicios de orientación legal, asesoría, representación jurídica, apoyo psicológico y social, lleguen a personas con menores ingresos.
Por su parte, el ministro de Justicia y DDHH indicó que: “Esta circunstancia es extremadamente relevante, porque, si hay un eje central sobre el cual descansa este proyecto es que la prestación de la asistencia jurídica, el acceso a la justicia y especialmente la atención de las víctimas requiere de conocimiento especializado en los lugares donde las prestaciones se realizan,y de ahí, por lo tanto, que la experiencia recopilada por más de una década sea útil para la conformación de este nuevo servicio público”.
La iniciativa legal próxima a ser presentada contempla la generación de estándares para cada una de sus líneas de acción, con su correspondiente sistema de evaluación, así como el uso de nuevas tecnologías para su desarrollo.
